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Autocartera y transmisión extemporánea de participaciones sociales

La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera de lo Civil, 541/2018, de 1 de octubre de 2018 es particularmente interesante por cuanto da claves relevantes sobre dos problemáticas distintas aunque complementarias:

– la posibilidad de que una sociedad de responsabilidad limitada transmita sus participaciones sociales en autocartera una vez transcurrido el plazo previsto legalmente.

– las consecuencias del incumplimiento de la normativa en materia de asistencia financiera respecto del negocio de transmisión de participaciones subyacente.

 

Según hemos tenido la ocasión de comentar en otro post, la Ley de Sociedades de Capital contiene una estricta regulación en materia de autocartera, limitando en gran medida la posibilidad de que una sociedad adquiera sus propias acciones o participaciones sociales, y ello por cuanto dicha adquisición puede atentar contra la función de garantía del capital social, provocando una disminución del activo que disminuya la protección de terceros, y puede asimismo afectar a los intereses de los socios minoritarios si los administradores (normalmente elegidos por la mayoría) actúan como representantes de la parte del capital que posee la sociedad. En ese sentido, el Tribunal Supremo remarca en la sentencia objeto de análisis la desconfianza con la que el ordenamiento jurídico contempla la adquisición por parte de una sociedad de sus propias acciones o participaciones sociales, por los perjuicios que ello puede causar a la sociedad, a sus socios y a terceros, lo que justifica la imposición de determinadas cautelas, como son los requisitos y límites que la ley impone a tal adquisición. Entre ellos, el artículo 141.1 de la Ley de Sociedades de Capital establece un límite temporal a la posibilidad de que la sociedad de responsabilidad limitada mantenga sus propias participaciones sociales en autocartera, disponiendo que “las participaciones propias adquiridas por la sociedad de responsabilidad limitada deberán ser amortizadas o enajenadas, respetando en este caso el régimen legal y estatutario de transmisión, en el plazo de tres años”. En caso de que las participaciones en autocartera no fueran enajenadas en el plazo de referencia, el artículo 141.2 de la Ley de Sociedades de Capital precisa que “la sociedad deberá acordar inmediatamente su amortización y la reducción del capital”.

 

En el caso enjuiciado, se da la particularidad de que una sociedad de responsabilidad limitada procede a transmitir sus participaciones sociales una vez transcurrido el plazo de referencia, en infracción aparente por tanto de las disposiciones del artículo 141.1 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad de Capital. En efecto, según se ha indicado, parece que la Ley de Sociedades de Capital limita la posibilidad de transmitir las participaciones sociales en autocartera a los tres (3) primeros años, estableciendo como única alternativa tras el transcurso de dicho plazo la reducción de capital mediante la amortización de las participaciones sociales afectadas. Por tanto, el acuerdo social extemporáneo de transmisión de participaciones sociales, así como los negocios jurídicos derivados del mismo, serían susceptibles de nulidad de pleno derecho por ser contrarios a la ley, en aplicación del artículo 204 de la Ley de Sociedades de Capital. No obstante, el Tribunal Supremo llega a una conclusión diferente, manteniendo la validez de la transmisión de las participaciones sociales pese a su carácter extemporáneo. En efecto, si bien considera como una infracción sancionable con multa a los administradores sociales el mantenimiento de la autocartera por un plazo superior a tres (3) años, no considera como contrario a derecho el hecho de que se haya puesto fin a la situación de autocartera mediante la transmisión de las participaciones sociales afectadas con posterioridad al transcurso de esos tres (3) años. De esta forma, el Tribunal Supremo interpreta que el artículo 141.2 de la Ley de Sociedades de Capital no persigue limitar la salida a la situación de autocartera a la reducción de capital mediante la amortización de las participaciones afectadas, no siendo ya posible su enajenación, sino establecer una vía coercitiva para implantar la eliminación de la autocartera que se ha mantenido por más de tres (3) años, no pudiendo contemplar la enajenación como opción a estos efectos por cuanto requeriría la participación no solo de la sociedad incumplidora, sobre la que puede imponerse la coerción, sino también de un tercero que adquiera las participaciones sociales, al cual no podría imponerse coercitivamente dicha adquisición. Asimismo, y desde un punto de vista finalista, el Tribunal Supremo remarca que la transmisión extemporánea de las participaciones sociales en autocartera no perjudica la finalidad perseguida por la normativa aplicable a la materia (como se ha indicado, lo que sería contrario a derecho sería el mantenimiento de la autocartera por más de tres años), y además favorece a la sociedad frente a la opción alternativa de reducción de capital social en la medida en que se mantiene la cifra de capital social y se incrementa el patrimonio social al ingresar en el mismo acto el precio obtenido en la transmisión.

 

Una vez sentado lo anterior, cabe acercarse a la segunda problemática mencionada, esto es las consecuencias de la infracción de la normativa en materia de asistencia financiera respecto del negocio de negocio de transmisión de participaciones subyacente. En el caso enjuiciado, parte de las participaciones sociales en autocartera son enajenadas a los propios socios de la sociedad, con aplazamiento del pago de una parte considerable del precio, sin devengo de intereses y sin otorgamiento de garantías, en vulneración de las previsiones del artículo 143.2 de la Ley de Sociedades de Capital, lo cual justifica la nulidad de la operación de asistencia financiera. Sin perjuicio de ello, lo que se plantea es si dicha nulidad debe limitarse al negocio de financiación o por el contrario debe extenderse al propio negocio de transmisión de las participaciones sociales. Al respecto, el Tribunal Supremo considera que la finalidad de la norma que prohíbe la asistencia financiera para la adquisición de las propias participaciones no exige que, en caso de contravención, se anule la transmisión que ha sido financiada con la asistencia de la propia sociedad, y que basta con que se anule y se deje sin efecto la operación de financiación. En ese sentido, ello implica en la práctica que el crédito concedido por la sociedad al socio al permitirle el aplazamiento en el pago de parte del precio queda sin efecto, de modo que la Sociedad pueda exigir de forma inmediata el pago de la totalidad del mismo. Ello es relevante por cuanto ello implica el vencimiento inmediato de la obligación de pago del socio comprador, que debería por tanto aportar los fondos en el acto, cuando sus previsiones financieras eran diferentes. Si bien la solución adoptada parece adecuada atendiendo a la normativa aplicable en sede de autocartera y asistencia financiera, podría plantear una mayor problemática desde una perspectiva contractual por cuanto implica el mantenimiento de un contrato de compraventa cambiando radicalmente las condiciones de pago (elemento esencial en los contratos de compraventa). En cualquier caso, cabe entender que lo anterior no cierra la vía a que el socio comprador afectado trate de alegar la nulidad del contrato basado en un vicio de su consentimiento.

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