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Claridad de los parámetros a la hora de determinar un precio variable

La sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera de lo Civil, 184/2017, de 14 de marzo de 2017, es un buen ejemplo de la importancia práctica de definir con claridad los parámetros a la hora de determinar un precio variable. En efecto, en el caso enjuiciado se pacta, en el marco de una compraventa de acciones de una sociedad (la “Sociedad”), un precio variable que se devengaría en caso de que la Sociedad sea adjudicataria de determinados contratos con la Administración Pública en el marco del correspondiente concurso. En la medida en que los contratos de referencia no son adjudicados a la Sociedad de forma individual sino a una unión temporal de empresas (“UTE”) en la que participa (lo cual no estaba contractualmente previsto de forma expresa), se plantea si el precio variable se ha devengado y, en caso afirmativo, sí íntegramente o solo en parte, i.e. en proporción a la participación de la Sociedad en la UTE (en este caso en un 39%). Cabe destacar, como hecho relevante, que en el momento de pactarse el precio variable las partes ya conocían que los contratos de referencia no podían adjudicarse de forma individual, sino que se debía concurrir a través de una UTE.

 

En el presente caso se plantea una problemática en cuanto a la interpretación del pacto desde el criterio de la literalidad (criterio preferente en materia de interpretación contractual ex artículo 1.281 del Código Civil) por cuanto, tal y como está redactado (i.e. devengo en caso de adjudicación de los contratos a la Sociedad, lo cual no se ha producido propiamente) su cumplimiento devendría imposible pues la forma de concurrir a las licitaciones previstas era bajo la forma de una UTE. Por ello, se hace necesario tratar de determinar la intención de las partes a los efectos de una correcta interpretación del pacto. En ese sentido, el Tribunal Supremo concluye en el caso enjuiciado que el comprador debe abonar la integridad del precio variable en la medida en que tenía conocimiento de que se debía de concurrir a las licitaciones correspondientes a través de una UTE con otras sociedades, y pese a ello se comprometió al pago personal no sindicado del precio variable, no pudiendo eludir dicho pago por el hecho de que le pueda resultar inconveniente o gravoso, máxime cuando fue objeto de un pacto transaccional que como tal ha de entenderse meditado, máxime cuando los contratantes son sociedades relevantes y con experiencia en el sector.

 

En este caso, la falta de concreción en la redacción del pacto ha generado una importante incertidumbre con importantes consecuencias económicas. En efecto, ante dicha inconcreción se abrían tres posibilidades, esto es (a) considerar que el precio variable no se ha devengado por cuanto la adjudicataria de las licitaciones no ha sido propiamente la Sociedad, (b) considerar que se ha devengado solo en proporción a la participación de la Sociedad en la UTE adjudicataria (criterio seguido en segunda instancia, en cuyo caso su importe quedaría fijado en el caso enjuiciado en 245.831,62€), o (c) considerar que el precio variable se ha devengado íntegramente (criterio seguido en primera instancia y confirmado por el Tribunal Supremo, quedando por tanto su importe fijado en la suma de 630.338€). Sin perjuicio de que la conclusión alcanzada en última instancia por el alto tribunal parece razonable atendiendo a las circunstancias del caso, no podemos asegurar, obviamente, que se corresponde efectivamente con la intención real de las partes al contratar. En particular, resulta cuanto menos discutible desde una perspectiva económica básica que la compradora hubiese estado dispuesta a pagar el mismo importe en concepto de precio variable por la adjudicación de los contratos licitados con independencia de su porcentaje de participación en los resultados económicos de los mismos, la cual vendría determinada por su participación en la UTE. En ese sentido, una adecuada redacción de la cláusula hubiera permitido evitar una discusión sobre un importe de 630.338€, con las correspondientes costas en términos de tiempo y dinero para las partes, máxime teniendo en cuenta que en el momento de su redacción era conocido que la adjudicación de los contratos debía hacerse a través de una UTE.

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