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La acción directa en materia de transporte terrestre o cuando el pago no es necesariamente liberatorio

La disposición adicional sexta de la Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea (la “DA 6ª”), introdujo una acción directa en favor del transportista efectivo contra el cargador principal en una cadena de subcontratación, entre otros, estableciendo que en “los supuestos de intermediación en la contratación de transportes terrestres, el transportista que efectivamente haya realizado el transporte tendrá acción directa por la parte impagada, contra el cargador principal y todos los que, en su caso, le hayan precedido en la cadena de subcontratación, en caso de impago del precio del transporte por quien lo hubiese contratado, salvo en el supuesto previsto en el artículo 227.8 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

 

No obstante, no se precisaba expresamente si, en sintonía con la acción directa en el contrato de obra prevista en el artículo 1.597 del Código Civil, el cargador principal solo respondería hasta la cantidad que adeude al porteador intermedio, o si habrá de hacerlo por el total importe adeudado al transportista efectivo por el porteador intermedio y ello pese a haber satisfecho íntegramente el precio del servicio contratado, estableciéndose por tanto una garantía legal de pago a favor del transportista efectivo. El Tribunal Supremo, en su sentencia 664/2017, de 24 de noviembre de 2017, da una primera respuesta a esta cuestión, llegando a la conclusión de que el pago no es liberatorio, dotando por tanto de mayor alcance a la acción directa ex DA 6ª que a la derivada del artículo 1.597 del Código Civil. De esta forma, el cargador principal y los subcontratistas intermedios se convierten en garantes solidarios del pago del precio al transportista efectivo, y ello aun cuando ya hubiesen pagado al intermediario correspondiente al tiempo de recibir la reclamación del transportista efectivo, sin perjuicio obviamente de su capacidad de repetir contra el intermediario moroso. Es decir, y centrándonos en el cargador principal, supone que el pago del precio acordado al transportista contratado no sería obstativo a que un tercero, del que previsiblemente no tenga constancia, le pueda reclamar una cantidad que puede llegar a ser importante, y ello en base a un incumplimiento ajeno. El Tribunal Supremo justifica su decisión en tres argumentos principales:

 

– En primer lugar, se refiere a la tramitación parlamentaria de la DA 6ª, indicando que, si bien inicialmente se preveía limitar la acción directa a la cantidad adeudada por el cargador principal, la norma finalmente aprobada no recogía dicha limitación, lo cual sería un indicador de la voluntad del legislador de que la misma no sea aplicable.

 

– En segundo lugar, se refiere a la legislación comparada, haciendo referencia, en particular, a la regulación francesa e italiana en la materia, que determina en ambos casos el carácter no liberatorio del pago realizado al intermediario.

 

– Finalmente, el Tribunal complementa su argumentación con una interpretación finalista de la Ley 9/2013, de 4 de julio, indicando que la misma “ha pretendido responder a una reivindicación secular de los transportistas para la adopción de mecanismos que aseguren el cobro del transporte, en un sector de gran importancia económica caracterizado por la presencia de empresas de pequeño tamaño, en las que el impago de sus servicios puede comprometer su propia viabilidad. Entre tales reivindicaciones, la más sostenida ha sido la imposición de alguna garantía en favor de los transportistas finales, como parte más débil de la cadena de transporte.

 

Con pleno respeto a la labor interpretativa del Tribunal Supremo, su argumentación en este caso parece cuanto menos cuestionable, y ello en base a los siguientes motivos:

 

– Si bien es cierto que durante la tramitación parlamentaria de la norma se eliminó el carácter limitado de la acción directa a los importes impagados por el cargador principal (o cualquier intermediario en la cadena de subcontratación), tampoco se estableció expresamente en la norma finalmente aprobada el carácter no liberatorio del pago realizado, lo cual hubiera sido la manera adecuada de proceder en aras a la preservación de la seguridad jurídica si se pretendía efectivamente convertir al cargador principal y a los intermediarios en garantes solidarios del pago del precio al transportista efectivo. Ello hubiera permitido al menos a los diferentes agentes involucrados adoptar las medidas oportunas para proteger legítimamente sus intereses, por cuanto no lo olvidemos se trata de hacer responder a personas, físicas o jurídicas, de buena fe, que han cumplido con sus obligaciones, de un incumplimiento ajeno, cuando incluso podrían desconocer la existencia de una subcontratación. En cualquier caso, cabría recordar al Tribunal Supremo que, según la doctrina clásica de la hermenéutica jurídica citada por el propio tribunal en alguna de sus sentencias, “el juez no debe atender a lo que el legislador se ha propuesto, sino solo a lo que de hecho ha dispuesto” (entre otros, sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera de lo Civil, 98/2018, de 26 de febrero de 2018).

 

– De hecho, en los cuerpos normativos citados por el Tribunal Supremo (artículo 132-8 del Código de Comercio francés y artículo 7 ter del Decreto legislativo italiano 286/2005) sí que no dejan lugar a dudas del carácter no liberatorio del pago, a diferencia de la norma española, por lo que no puede apreciarse identidad de razón suficiente con la norma española.

 

– Por lo que se refiere a la interpretación finalista de la norma realizada por el Tribunal Supremo en base al artículo 3 del Código Civil, sustentada en la necesidad de proteger al transportista final como parte más débil de la cadena de transporte, cabe preguntarse si el objetivo se consigue con la sentencia objeto de estudio por cuanto una de sus consecuencias puede ser justamente desincentivar la subcontratación en el transporte por parte de los cargadores a los efectos de evitar el riesgo de que se de un posible doble pago. De hecho, el propio Tribunal Supremo concluye en su sentencia que “la única forma que tiene el cargador para evitar que pueda ser objeto de este tipo de acciones es prohibir en el contrato de transporte su subcontratación.” Cabe plantearse hasta que punto con ello se da una mayor protección al subcontratista que opere como transportista efectivo. En cualquier caso, conviene precisar que sí que existirían otros modos de evitar ser objeto de este tipo de acciones, ya sea mediante la retención del precio o parte de él hasta que se acredite el pago al transportista efectivo o mediante el aseguramiento de la solvencia del transportista contratado, entre otras.

 

– Por otra parte, cabe indicar que la interpretación del Tribunal Supremo no parece muy acorde con distintas normas de nuestro ordenamiento jurídico que invitan a plantear una solución distinta en el caso que nos ocupa. Así, ya hemos mencionado el artículo 1.597 del Código Civil en el que el subcontratista de una obra sí ve limitado su derecho a la indemnización al importe impagado por el dueño de la obra. También habría que mencionar (y de hecho el propio Tribunal Supremo lo hace) el artículo 10.2 de la Ley 20/2017, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajador Autónomo, el cual establece que “cuando el trabajador autónomo ejecute su actividad profesional para un contratista o subcontratista, tendrá acción contra el empresario principal, hasta el importe de la deuda que éste adeude a aquél al tiempo de la reclamación, salvo que se trate de construcciones, reparaciones o servicios contratados en el seno del hogar familiar”. Cabría asimismo citar el artículo 1.156 del Código Civil, el cual establece que las obligaciones se extinguen, entre otros, por el pago o cumplimiento, precepto de vital importancia en materia de derecho de obligaciones que queda desvirtuado en el presente caso, sin el sustento de una norma que justifique de forma clara y expresa la aplicación de una solución distinta.

 

– Finalmente, y según se ha indicado, uno de los motivos esgrimidos por el Tribunal Supremo ha sido la necesidad de proteger al transportista efectivo como “parte más débil de la cadena de transporte”. Si bien ello parece loable, cabe preguntarse cuales son los motivos que justifican ese trato discriminatorio en lo positivo frente a los subcontratistas de obra o los autónomos subcontratados (que no sean transportistas) que, como hemos visto, sí verían limitados sus derechos de reclamación. En efecto, el subcontratista suele ser como regla general la parte débil de la cadena de subcontratación, en la medida en que pasa a formar parte de una cadena contractual en la que ya se han fijado previamente las principales reglas del juego, por lo que si bien se puede entender la necesidad de proteger a la parte más débil de la cadena de transporte, no se entiende por qué el trato debe ser diferente para subcontratistas de otros sectores que pueden sufrir idéntica problemática a la de los transportistas. En ese sentido, sería legítimo plantearse si la norma, tal y como ha sido interpretada por el Tribunal Supremo seria acorde con el artículo 14 de la Constitución que determina la igualdad de los españoles ante la ley, ya que es difícil ver motivos que justifiquen la aplicación de dicho trato preferencial exclusivamente a los transportistas, y no a subcontratistas de otros sectores que pueden encontrarse en igual situación de debilidad.

 

Con independencia de lo anterior y a modo de conclusión, el criterio seguido por el Tribunal Supremo en la sentencia objeto de análisis invita claramente a los cargadores principales a adoptar las medidas necesarias para evitar un doble pago por un mismo servicio, esto es y según se ha indicado, ya sea mediante la prohibición de la subcontratación, la retención de parte del precio, el aseguramiento de la solvencia del transportista contratado o incluso la obtención de garantías de este último, suscribiendo el correspondiente contrato a estos efectos con una regulación detallada de estas cuestiones, pues en caso contrario estarían expuestos a reclamaciones impredecibles en la medida en que se derivarían de un incumplimiento ajeno, sin ya tener capacidad de control al respecto. De hecho cabría incluso plantearse si los auditores deberían identificar como riesgo en su informe de auditoría la contratación de transportes por carretera cuando no se haya prohibido expresamente la subcontratación (especialmente para empresas que los contraten con frecuencia), por cuanto no podrían asegurar que las cuentas objeto de revisión reflejan fielmente la situación financiera y patrimonial de las empresas auditadas en la medida en que las mismas estarían expuestas en cualquier momento a reclamaciones económicas susceptibles de afectar dicha situación financiera y patrimonial.

 

Una vez sentado lo anterior, y aunque no sea objeto de la sentencia, conviene hacer un último apunte respecto de la virtualidad de la DA 6ª para el supuesto de concurso del intermediario que ha subcontratado al transportista efectivo, y su encaje teniendo en cuenta el principio de par conditio creditorum. En efecto, cabría preguntarse si el transportista efectivo mantendrá la acción directa frente al cargador principal (y eventuales intermediarios) en caso de concurso del intermediario, en la medida en que podría suponer concederle un privilegio en el cobro frente a los otros acreedores del concursado. En ese sentido, el artículo 50.3 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, se refiere expresamente a esta posibilidad pero en relación con la acción directa derivada del artículo 1.597 del Código Civil, determinando que una vez declarado el concurso y hasta su conclusión no se admitirán a trámite las demandas basadas en el artículo 1.597 del Código Civil, y ello precisamente con el objeto de preservar el principio de par conditio creditorum. No obstante, dicha norma no se refiere expresamente a la acción directa ex DA 6ª, por lo que cabría plantearse si la misma sería aplicable para este supuesto. Si bien el Tribunal Supremo aún no se ha pronunciado expresamente al respecto, sí que han habido ya diversas sentencias en sede de Audiencias Provinciales, especialmente la de Valencia. En ese sentido, parece que se distinguen dos escenarios posibles, en función de si en el momento del ejercicio de la acción directa ya ha sido satisfecho el precio correspondiente al intermediario concursado o no. De esta forma, en caso de que el precio ya hubiese sido satisfecho en el momento de ejercerse la acción directa, la acción directa se mantendría en la medida en que en estos supuestos se considera que ello no afectaría a la par conditio creditorum. En efecto, se argumenta que en estos supuestos el transportista efectivo no tendría un privilegio frente a los demás acreedores del concursado ya que la remuneración recibida ya se habría integrado en la masa activa del concurso, sin perjuicio de que el cargador principal, en virtud de su derecho de repetición, se convertiría en un nuevo acreedor ordinario del concursado. Por el contrario, en el caso de que no se hubiera satisfecho la remuneración correspondiente decaería la acción directa puesto que en caso contrario sí habría un impacto directo en la masa concursal por cuanto no se integraría en la misma, concediendo por tanto en la práctica un privilegio en el cobro al transportista efectivo frente a los demás acreedores del concursado. En cualquier caso, no queda del todo claro si dicho criterio se mantendrá tras la sentencia del Tribunal Supremo objeto del presente. En cualquier caso, convendría plantearse si la solución más razonable no hubiera sido determinar la aplicación analógica del artículo 50.3 de la Ley Concursal a la acción directa derivada de la DA 6ª por cuanto se aprecia una identidad de razón con la acción directa derivada del artículo 1.597 del Código Civil, que podría justificar dicha aplicación analógica en base a las disposiciones del artículo 4 del Código Civil. Es cierto que podría argumentarse que la acción directa ex DA 6ª tiene un mayor alcance, tal y como resulta de la sentencia del Tribunal Supremo analizada, que justificaría por tanto un tratamiento diferenciado, si bien, como se ha indicado, la interpretación del Tribunal Supremo que ha determinado dicho trato preferencial parece cuanto menos discutible. En cualquier caso, habrá que esperar el pronunciamiento del Tribunal Supremo al respecto, si bien dado el criterio seguido en su sentencia 644/2017 no parece que se vaya a decantar por la aplicación analógica de la norma concursal en relación con la DA 6ª.

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