El blog de Paes

La previsión estatutaria de la remuneración de los administradores

La Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo introdujo, entre otras, importantes modificaciones en el régimen de remuneración de los administradores de las sociedades de capital con los objetivos declarados de lograr una mayor transparencia y de tratar de que dicho régimen refleje adecuadamente la evolución real de la empresa y esté correctamente alineado con el interés de la sociedad y de sus accionistas. Si bien el principio de reserva estatutaria en cuanto a la remuneración de los administradores ya estaba consagrado con carácter previo a dicha reforma, el mismo se ve notablemente reforzado y desarrollado. En ese contexto, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera de lo Civil, 98/2018, de 26 de febrero de 2018 es especialmente relevante en la medida en que clarifica el significado y alcance de la reforma en lo relativo a la retribución de los administradores de las sociedades no cotizadas, zanjando la polémica existente al respecto.

 

En efecto, tras la reforma, gran parte de la doctrina y la propia Dirección General de los Registros y del Notariado (en particular en su Resolución de 17 de junio de 2016) consideraron que, en materia de remuneración de consejeros delegados o ejecutivos, debían distinguirse dos supuestos: la retribución de las funciones inherentes a su cargo, que serían las propiamente deliberativas (funciones de estrategia y control que se desarrollan como miembro deliberante del consejo de administración) y que sí precisarían de reserva estatutaria, por un lado, y la retribución de las funciones extrañas al mismo, que serían las propiamente ejecutivas (funciones de gestión ordinaria que se desarrollarían individualmente mediante la delegación orgánica o en su caso contractual de facultades ejecutivas), no siendo propio por tanto que consten en los estatutos sociales sino en el contrato de administración que ha de suscribir el pleno del Consejo con el consejero de conformidad con las disposiciones del artículo 249 de la Ley de Sociedades de Capital. Dicha tesis se basa fundamentalmente en la previsión legal ex artículo 217 de la Ley de Sociedades de Capital de que los estatutos deben establecer la remuneración de los administradores “en su condición de tales” (interpretando por tanto que las funciones ejecutivas no serían por tanto inherentes al cargo de consejero en su condición de tal, según se ha indicado, y que por tanto su remuneración no debe ser objeto de reserva estatutaria), por un lado, así como por la exigencia ex artículo 249 de la Ley de Sociedades de Capital de que se celebre un contrato entre la sociedad y los consejeros delegados o ejecutivos, que sea aprobado por el consejo de administración y en el que se detallarán todos los conceptos por los que puedan obtener una retribución por el desempeño de funciones ejecutivas, que supliría por tanto la necesidad de reserva estatutaria. De esta forma, se llegaría por tanto al establecimiento de un sistema alternativo, debiendo regularse la remuneración de los administradores que no sean consejeros delegados o ejecutivos a través de los artículos 217 a 219 de la Ley de Sociedades de Capital (reserva estatutaria) y la remuneración de estos últimos a través del artículo 249 (contrato de administración).

 

El Tribunal Supremo, con buen criterio, no comparte dicha tesis. Ante todo, y con carácter fundamental, cabe destacar que la misma choca con el espíritu de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, ya que implica in fine un menor grado de transparencia al excluir de los estatutos públicos la determinación de la remuneración de los consejeros delegados o ejecutivos, categoría de especial importancia dadas las funciones que asumen, lo cual no contribuye a la mejora del buen gobierno corporativo. Con carácter adicional, y tal y como remarca el Tribunal Supremo, el artículo 217 de la Ley de Sociedades de Capital no distingue entre distintas categorías de administradores o formas del órgano de administración estableciendo un tratamiento especial para la remuneración de los consejeros delegados o ejecutivos, y de hecho los artículos 217 a 219 contemplan distintos conceptos retributivos que serían más bien propios de esta categoría de consejeros, como podría ser la remuneración en acciones. En cuanto a la utilización de la expresión “en su condición de tales”, conviene recordar, según jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo, que la condición de administrador “no se circunscribe al ejercicio de facultades o funciones de carácter deliberativo o de supervisión, sino que son inherentes a su cargo tanto las facultades deliberativas como las ejecutivas”. En ese sentido, una interpretación más adecuada del precepto llevaría a la conclusión de que se pretende diferenciar aquellas funciones realizadas por los administradores en cumplimiento de su cargo (por tanto y según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, tanto funciones deliberativas como ejecutivas) de aquellas extrañas al mismo (remuneración de obras o servicios totalmente independientes de su condición de administrador, e.g. prestación de servicios legales) que, con carácter general deberían regularse por la normativa en materia de conflictos de interés y, adicionalmente y en sede de sociedades de responsabilidad limitada, por las previsiones del artículo 220 de la Ley de Sociedades de Capital. En base a lo anterior (entre otros argumentos), el Tribunal Supremo concluye que, en sede de sociedades no cotizadas, la relación entre los artículos 217 a 219 de la Ley de Sociedades de Capital, de un lado, y el artículo 249, de otro lado, no es de alternatividad sino de carácter cumulativo.

 

En consecuencia y a modo de conclusión, se pueden distinguir los siguientes niveles en sede de remuneración de administradores:

– El régimen general contenido en los artículos 217 a 219 de la Ley de Sociedades de Capital, que determina la necesidad de reserva estatutaria respecto de la remuneración de todos los administradores (con independencia del modo de organizar la administración) en su condición de tales, tanto en relación con funciones deliberativas como ejecutivas (eso incluiría por tanto el caso del Administrador único que percibe una remuneración ligada a su condición de director general, por ejemplo).

– El artículo 249 de la Ley de Sociedades de Capital establece las especialidades aplicables adicional y específicamente a los consejeros delegados o ejecutivos, determinando la necesidad de que suscriban un contrato con la sociedad en los términos indicados en el artículo de referencia.

– Por último y por lo que se refiere a la retribución de los administradores por cualesquiera conceptos extraños a su cargo, habrá que estar con carácter general a la normativa en materia de conflictos de interés (en especial artículos 229 y 230 de la Ley de Sociedades de Capital) y, adicionalmente y en sede de sociedades de responsabilidad limitada, por las previsiones del artículo 220 de la Ley de Sociedades de Capital (necesidad de acuerdo de Junta), pero no será necesaria la reserva estatutaria.

0 Comments
Share Post
No Comments

Post a Comment

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR